Abogado o inversor, ¿quién debe ser el dueño de un bufete?

El diario Expansión nos plantea la controversia sobre la propiedad del despacho de abogados como tal entre inversores o el propio letrado. Estados Unidos vuelve a plantear la posibilidad de abrir el capital de los bufetes a socios externos que no sean letrados, aunque los detractores de esta política, aceptada en España, siguen siendo mayoría.

Las jurisdicciones anglosajonas son el referente en el que se inspiran el resto de países, pero a la hora de facilitar que inversores externos entren en el capital de los bufetes, no hay consenso. Mientras que Australia o Reino Unido son pioneros en este sentido, permitiendo incluso que coticen en Bolsa, en Estados Unidos está prohibido que alguien que no sea abogado sea accionista de un bufete.

Ahora, el debate vuelve a escena, ya que la American Bar Association, una de las agrupaciones de abogados más grandes de EEUU, ha vuelto a poner esta cuestión sobre la mesa, según The Wall Street Journal (WSJ).

Aunque existen argumentos para apoyar ambas ideas, los abogados estadounidenses son, en general, reacios a que esta política cambie. “No hay duda de que el interés público y la integridad se mantienen mejor cuando los abogados son los dueños de los bufetes”, asegura el presidente del Colegio de Nueva Jersey, Miles S. Winder, tal y como recoge WSJ.

En Nueva York, uno de los centros neurálgicos a nivel mundial del derecho de los negocios y más acostumbrado a que los fondos participen en cualquier tipo de negocio, el colectivo está más dispuesto a plantearse un cambio en la normativa, pero asegurándose de que aspectos como la confidencialidad o el interés del cliente siguen prevaleciendo frente a otros criterios, como la rentabilidad.

Precisamente, éste es uno de los puntos más espinosos. Los partidarios de no seguir el modelo británico o australiano (el mismo que se utiliza en España) argumentan que si los socios de un bufete son abogados y, por tanto, arriesgan su propio dinero, sus decisiones son más conservadoras y, por tanto, hay menos riesgo.

Por el contrario, quienes defienden la necesidad de abrir el sector y dar entrada a inversores privados utilizan la transparencia para abanderar sus argumentos, ya que la estructura actual es más opaca.

En España, precisamente es esa opacidad la que hace que, pese a que legalmente es posible, sean pocos los fondos que hayan apostado por invertir en un bufete. Además de que no hay muchas firmas dispuestas a dar entrada a un socio externo, el reparto de los dividendos suele ser uno de los principales obstáculos. Sin embargo, contar con el apoyo de un inversor facilita el esfuerzo financiero a la hora de plantear el crecimiento internacional de un bufete.

Tampoco ayudan los escándalos financieros que se han producido en algunos mercados en los que han empezado a cotizar firmas legales. Para unos es un síntoma de los riesgos que se corren al tener que lograr un rentabilidad mínima para los accionistas, mientras que para el frente proinversores es una muestra de que muchos despachos no pueden superar la prueba de transparencia del mercado y, por tanto, dar un paso intermedio, con inversores externos, es el mejor camino.

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